Algo de revuelo ha causado el último artículo de Abellán La verdad del conflicto de las radios II (ABC, 5 de septiembre, 2011), donde el periodista de Punto Radio expone que detrás del canon a las radios hay “una jugada maquiavélica de la Liga, Mediapro y el Gobierno, a través del CSD” y, como no podían faltar, los “brujos visitadores de Moncloa”. Esa jugada busca, según Abellán, además de ayudar al Barça y Real Madrid, beneficiar a grandes grupos mediáticos cercanos al Gobierno.
Con todo el respeto a Abellán, no es América lo que nos descubre. Dije desde el primer día que esto era un numerito coreografiado para ocultar el pecado original. Una ley ad hoc, confeccionada y a la medida de un grupo mediático cercano al Gobierno. No es que seamos los más inteligentes, es que este ‘remake’ no varía mucho de la versión original. Personalmente, los detalles de la trama, según la versión de Abellán, no me parecen importantes. Lo grave en sí es la aprobación de La Ley Audiovisual 7/2010 en marzo de 2010 con los votos del PSOE, CiU, CC y la abstención de IU, ERC, y PNV.
Digo esto porque aprendiendo se sus pasados errores, el Gobierno, en esta ocasión, ha creado una ley que le proporciona la cobertura jurídica para hacer ‘la trampa’. En el pasado tuvo que recurrir a la menos elegante maniobra de aprobar una ley Ex post facto para crear la protección legal que necesitaban.
Y es que para entender este entramado actual es útil conocer el antecedente histórico que ha señalado el camino de esta ley audiovisual, conocido como el “antenicidio”. En esa ocasión el Gobierno acabó por aprobar una ley en 2005 para ‘legalizar’ las actividades de PRISA, condenadas por el TS en el 2000, más de 10 años después de los hechos. Os recomiendo leer la serie de artículos bajo los títulos Antenicidio que podéis encontrar en el blog Conpiesdegato de Emilio García. En la última entrega de esa serie Emilio García concluye que la Ley 10/2005 es el resultado de una maniobra del Gobierno de Zapatero que “confeccionó una ley a la carta de Jesús de Polanco, ampliamente criticada por el resto de medios, que en la práctica supuso la legalización del antenicidio”.
Si comparamos lo anterior con lo que ha declarado Álvarez Cascos en su entrevista con Abellán (donde reconoce que “la actual ley Audiovisual de 2010 se había hecho, simplemente, para favorecer a algunos grupos de televisión”), no es difícil entender por qué habló de ‘remake’. Por eso, he criticado a los que confunden, o se dejan confundir, alegando que la LFP y los clubs no tienen los derechos a las explotaciones de las retransmisiones radiofónicas, ya que como reconoce el propio Abellán en su artículo “con la ley en la mano, en esta guerra con las radios la LFP y Mediapro tienen toda la razón”. Como oyentes, o consumidores, entrar en ese debate es exactamente lo que no debemos hacer porque ‘la trampa’ está bien hecha.
Y tampoco nos debemos convertir en defensores a ultranza de aquellas radios que nos ofrecen, entre anuncios de chuches, bebidas, y viajes, una escenificación interesada y demagógica a favor de los ‘derechos de los oyentes’. Esto último lo digo porque le ha faltado decir a Abellán que las radios, o algunas radios, también forman parte de ese entramado que se ha aprovechado para sacar tajada en una época de vientos favorables en la esfera política.
Aquí, como de costumbre, ¡el que no corre, vuela!
Eduardo Pérez Suárez
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario